OPINIÓN | José Rafael Jiménez: El referéndum de la discordia
OPINIÓN. -Hace unos días escribí sobre la necesidad de hacer un alto a las diferencias políticas y concentrarnos por un instante, sobre un tema que apela a la concertación y cohesión de toda la sociedad civil venezolana. Escribir o parlamentar sobre la defensa de nuestro territorio esequibano, se ha tornado un poco difícil a fin de no incurrir en el incordioso discurso patriotero al cual nos tiene acostumbrado el actual gobierno de corte populista, por cuanto es menester vivificar esos sentimientos nacionalistas, de venezolanidad, de una población séptica de la demagogia nacionalista, para concienciarla a que tome un rol protagónico en la defensa de nuestra soberanía, más allá de los errores cometidos, puesto que el referéndum no le pertenece ni a la oposición ni al oficialismo, a pesar de su iniciativa.
Durante los años que ha perdurado el conflicto limítrofe entre Guyana y nuestro país, se ha incurrido, ciertamente, en gazapos que han barnizado la ralentización en la resolución práctica y efectiva del mentado conflicto. Bien sea la administración que dio paso al Protocolo de Puerto España de 1970, el cual provocó la suspensión por 12 años ‒renovables por un lapso igual‒ del artículo IV del Tratado de Ginebra de 1966; o aquella procurando hacerse de un liderazgo en Latinoamérica y el Caribe, mediante la galantería política, la creación de Petrocaribe, los acuerdos de cooperación y la perniciosa relación Chávez-Castro, allanaron el camino para aletargar aún más la reclamación efectiva del Esequibo. Una incuria que le ha permitido a Guayana, no solamente inocularse la nefelibata idea de creerse soberana de un territorio que nunca le ha pertenecido, sino también exhumar ante la CIJ, un mortinato Laudo que no vale ni un dólar guyanés por estar viciado de nulidad por doquier, sólo con la intensión de reanimarlo para obedecer a intereses transnacionales.
La convocatoria del referéndum consultivo por parte de la AN, el cual hasta la fecha se han adherido buena parte de la sociedad civil venezolana, ha generado un urdimbre de disentimientos en tanto a su pertinencia como elemento vinculante, así como también aquello en cuanto a sus implicaciones jurídicas y políticas. Hemos visto a partidos políticos de oposición adherirse ipso facto a la convocatoria sin el correspondiente análisis político ni jurídico previo, algunos participarán con sesudas y lógicas reservas, y otros han dejando «al libre albedrío» de su gente, una especie de lavatorio de manos de Pilatos, en virtud de que no hay contienda para elegir cargos de elección popular que le sirvan a su conveniencia, y así quedar bien con Dios y con el propio Mefistófeles.
Lógicamente, toda consulta popular debe generar previamente el análisis y los cuestionamientos correspondientes, no solamente para proveerle a todo un electorado las herramientas cognoscibles para su participación, sino también para que el resultado del mismo, no sea contraproducente a los intereses de la nación. En el caso de marras se vio todo lo contrario. Mientras se sigue un juicio ante la CIJ, y entre consignas patrioteras, se fue fraguando la redacción de las cinco preguntas ínsitas del evento comicial consultivo, de forma unilateral, autoritaria y sin el análisis previo por expertos; en fin, sin ningún tipo de consulta que sirviera de apoyo para un referéndum que es de trascendencia nacional, que todo ciudadano debe participar (sí, «debe», puesto que, a pesar que el sufragio es un derecho como lo prevé el artículo 63 Constitucional, es un deber de todo venezolano defender, resguardar y proteger la patria, la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación, tal como lo establece el artículo 130 ídem), y más aún, que los convocantes solicitan la adhesión y participación masiva del pueblo, so pena de incurrir en el manido epíteto de apátrida.
Más allá del apoyo o no del mecanismo, estoy convencido de que las preguntas debieron ser más lacónicas y sencillas para el elector, así como también que las mismas no implicasen elementos dubitativos que, en vez de lograr los objetivos estratégicos propuestos, se conviertan en un elemento que pudiese ser pernicioso a los intereses de la nación. La pregunta número 3, por ejemplo, el cual indica: «¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internación de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?». Ésta interrogante supone que el soberano venezolano rechace la jurisdicción de la CIJ donde se ventila una causa incoada por Guyana en contra de nuestro país, a los fines de obtener a través de un fallo judicial, la validez del Laudo Arbitral de París de 1899.
El gobierno venezolano alega que la única vía para dirimir el conflicto es a través del Tratado de Ginebra de 1966, es decir, mediante la negociación que permita un arreglo práctico y satisfactorio para las partes, y que la CIJ no tiene ni jurisdicción ni competencia para resolver éste conflicto, a sabiendas que la delegación venezolana ha comparecido varias veces ante la Corte para intervenir en el proceso, lo que a mí entender supone que el Estado venezolano tácitamente reconoce esa jurisdicción internacional. Han trascurridos muchísimos años sin llegar a un asentimiento práctico entre las partes. El único acuerdo que se ha llegado es para suspender las negociaciones y dilatar la solución práctica. Así, los precitados errores cometidos o la mala fe de un Estado que pretende apropiarse indebidamente de una cosa que no le pertenece, intentando los subterfugios judiciales para lograrlo, han ido diluyendo una reclamación tardía.
Sencillamente, no se puede obligar, ni mucho menos coaccionar, a una parte para que se siente con la otra a fin de alcanzar un acuerdo. Por ello, la norma provee los mecanismos para destrincar el embrollo. Así, el artículo IV del Tratado de Ginebra de 1966, establece inteligiblemente los mecanismos legales para elucidar el supuesto en virtud del cual no se haya logrado un acuerdo completo. Indistintamente del mecanismo que se adopte de acuerdo a las circunstancias allí prevista, la misma disposición infiere que las partes escogerán uno de los medios de solución pacífica previstos en el artículo 33 dejrjimenez777 la Carta de Naciones Unidas. Por su parte, el numeral 1 del aludido artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, dispone que «Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección».
Si bien es cierto que, a Venezuela le conviene y le interesa una negociación y no un juicio en la CIJ, dado que Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, envió el caso a la CIJ sin haber agotado todos los medios previsto en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, a fin de alcanzar una solución pacífica del conflicto antes de llegar a una resolución judicial; no menos cierto es que, insisto, el Estado venezolano ha comparecido a intervenir en las últimas incidencias del proceso en La Haya, lo que quiere decir un reconocimiento tácito a la Corte. Negar o no reconocer, a mi criterio y, de muchos expertos sobre la materia, sería un error inexcusable, puesto que Venezuela posee el cúmulo de pruebas históricas, cartográficas y documentales que acreditan nuestra soberanía en esos suelos ‒incluso existen pruebas a nuestro favor, en la cual los holandeses y luego los ingleses, no ocuparon ese territorio‒, además que la memoria presentada por Guyana adolece de argumentación sólida, es una narrativa abstracta y de dislates para validar un Laudo nulo e inexistente. Por lo tanto, este caso debe manejarse con sensatez y seriedad jurídica, con estrategia y táctica, no solamente con táctica con el abandono de la estrategia.
Abogado JOSÉ RAFAEL JIMENEZ | @jrjimenez777